Mercado educativo: Fisuras de un sistema en crisis

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Alejandra Decap

La tradición reciente de lucha y organización del Movimiento Estudiantil Chileno ha planteado, en sus diversos momentos, necesidades claras respecto a cuál es el sistema educativo que hace falta. Ese programa histórico es el que hoy tiene que tomar relevancia cuando hablamos de enfrentar al gobierno de Piñera desde las universidades y liceos.

Para nadie es un misterio que la educación pública en Chile se encuentra en una encrucijada. Las instituciones estatales y también las privadas, con estudiantes y trabajadores de la educación en las calles, han sido uno de los puntos críticos de discusión en la sociedad chilena post-dictadura. El movimiento que se generó alrededor del problema educativo creció considerablemente durante la última década, teniendo como imagen fundamental la acción política masiva del año 2011. Dicha fractura superó la calma y la política de los acuerdos noventera, de la transición pactada. El actual gobierno empresarial está alerta, debilitado, aún llevando la agenda. Piñera cae en las encuestas, pero el Frente Amplio, nacido en este cambio de situación, desvaría entre la guerrilla interna y la parlamentarización de su existencia política; y tristemente la Nueva Mayoría busca fortalecer una oposición unificada con viejas fórmulas que ya no funcionan como antes, mientras aún contiene al movimiento obrero desde las burocracias sindicales. Sin embargo, bajo la aparente calma, hay arenas movedizas.

“La madre de todas las batallas”

No todo está bajo control. El Movimiento de Mujeres ganó protagonismo este año 2018, durante el llamado “mayo feminista”[1], dinamizando así un sector de estudiantes que retomó métodos de lucha como los paros y las tomas para enfrentar la violencia machista, planteando, quizás sin querer, un cuestionamiento a la estructura del sistema educativo, mercantil y patriarcal. Solamente en Santiago, estudiantes secundaries se movilizaron durante más de 50 días con demandas que si bien se relacionaban con el movimiento feminista en curso, tenían además petitorios internos que denunciaban, desde serios problemas de infraestructura, al rechazo de políticas como el “rompe-paga” que implementó el municipio a cargo de Felipe Alessandri[2].

La educación, la violencia machista y el lenguaje inclusivo pasaron a ser parte del debate nacional, mayoritariamente en clave piñerista, desviado hacia políticas públicas deficientes y orientadas a fortalecer el mercado, el estado empresarial y la represión[3]. Nada más lejos de terminar con una educación segregadora. Piñera firma ahora un proyecto de ley Aula Segura[4] para sancionar a “violentistas disfrazados de estudiantes”[5] con el objetivo de expulsar de las escuelas a estudiantes conflictivos, y así enviar a la juventud precarizada a mantenerse en los círculos de violencia, sin que la escuela sea un espacio al servicio de las comunidades, usándolo como herramienta para la represión en los liceos. Como si fuera poco, también este año, parlamentarios de la UDI presentaron un proyecto que pretendía dejar sin beneficios estudiantiles a quienes se movilizaran.

Este nuevo Piñera sacó lecciones de su gobierno anterior. ¿Por qué la educación sigue siendo “la madre de todas las batallas”? El problema educativo en Chile está lejos de cerrarse: el programa educacional de Piñera quiere perfeccionar la lógica de estado subsidiario[6] planteada en su primer gobierno, proponiendo un “sistema solidario de acceso a la educación superior”, es decir, becas y créditos bancarios, manteniendo la política de subsidio a la demanda. Pese a que en su campaña planteó no retroceder en la beca gratuidad y la reforma educativa, propone flexibilizar los criterios para la acreditación. Junto con esto, propone incentivar el “plan dual” direccionado a la educación técnica, para ligar aún más la industria privada con los colegios-empresa, gestando una nueva generación de juventud obrera precarizada, y alimentando la ilusión del ascenso social.

El pantano del lucro, desfinanciando la educación

El modelo de regulación de la educación que ha imperado en Chile las últimas décadas, se expresa fundamentalmente en el modo de concebir el derecho a la educación: fue una adaptación de las ideas neoliberales a Chile. Lo que impuso el régimen pinochetista fue al mercado como criterio principal de administración de la educación, delegando la responsabilidad estatal de la provisión de educación integral de calidad, a los privados. Pese a las promesas de los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría, hace pocas semanas se publicó el informe de la implementación de la Beca Gratuidad en Universidades e institutos técnico-profesionales el año 2017[7], desmenuzando en términos económicos dicha asignación presupuestaria, y dejando en evidencia que la falsa gratuidad profundizó el desfinanciamiento de la educación pública.

Durante el año 2017, de un total de 164 Instituciones de Educación Superior, 44 entraron a la beca gratuidad. El estado cubre únicamente el 35,7% del presupuesto necesario para el funcionamiento de las instituciones de educación superior, el resto ha debido autofinanciarse[8], a costa del endeudamiento de las familias y el debilitamiento continuo de la educación entendida como un derecho que el Estado debe garantizar integralmente, ya que la famosa beca abarca solamente al 27% de les estudiantes del territorio[9] y la brecha entre los aranceles institucionales y los montos que el Estado entregó por la beca durante 2017 es de $ 17.208 millones[10]. Las medidas de regulación del mercado que intentó implementar la administración de Bachelet no fueron más allá de la lógica de control a los intereses lucrativos, dentro de los márgenes del estado subsidiario impuesto en 1980, con la Constitución escrita en dictadura.

La educación, que el Estado Chileno procesa como bien de consumo desde dicha Constitución, es una de las ramas de acumulación capitalista más importantes del país, por sobre la industria salmonera y las farmacias[11].  Y no solamente enriquece a los empresarios de la educación. Los gobiernos post-dictadura han gastado más de 500 mil millones de pesos pagando la deuda a la banca, por conceptos de crédito universitario[12]. El CAE resultó ser negocio redondo. Debido a las tremendas ganancias que genera, todos los partidos que han estado en el poder después de la dictadura cívico militar, tanto la derecha como la Nueva Mayoría, se dedicaron a blindar el negocio educativo.

La infraestructura de lo público

Mientras tanto, las escuelas se caen a pedazos, sin condiciones de entregar una experiencia educativa transformadora y cualitativa. El propio Mineduc no tiene datos actualizados que permitan hacer un paneo nacional. Mientras, el sistema presenta errores nucleares: retrasos de años en las mejoras de infraestructura, y los fondos estatales no se entregan a las escuelas que más los necesitan. El mercado de la educación usurpa las metodologías más integrales de aprendizaje y de expresión de la comunidad en las escuelas limitando los recursos y el acceso a las artes, a la ciencia, dejándoles esa experiencia educativa a los colegios particulares. Colegios que en muchos casos tienen mensualidades que exceden el sueldo mínimo. Ya en 1989, Espínola advertía sobre los efectos de este modelo: “cada sector poblacional reciba la educación que se puede procurar de acuerdo a su propia condición socioeconómica. De esta manera, el sistema instaurado contribuye a profundizar las diferencias entre las escuelas y a potenciar la desigualdad”.[13] En concreto, la educación estatal será de calidad inferior que la pagada, ya que de lo contrario nadie asistiría a instituciones pagadas. Así, se mantiene consagrada la división entre una educación para ricos y una para pobres.

No se puede tener medias tintas en este debate, cuando se juega no solamente “el sentido de lo público”[14], sino la necesidad de existencia real de un sistema de educación pública integral. Ya existen universidades estatales en crisis, con casos emblemáticos como el de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ex Pedagógico, que según la auditoría realizada por la empresa Deloitte, se encuentra en una inviabilidad financiera de aquí al año 2020[15]. El fortalecimiento de la educación pública y su defensa, pasa directamente por atacar las ganancias que se hacen los bancos y los mercaderes de la educación, terminando con el financiamiento por concepto de matrícula, para recibir aportes directos del Mineduc. Es impensable que el Estado se haga cargo de las deficiencias en infraestructura y la precariedad de las condiciones laborales en el sistema de educación pública si no contamos con un presupuesto de acuerdo a las necesidades de cada comunidad educativa.

Esto no lo conquistaremos, como propone Francisco Figueroa, enfrentando al imperialismo financiero con las “armas de la democracia” (de los empresarios) “ampliandola”[16]. La redistribución del presupuesto es insuficiente para responder al déficit económico en materia educativa. ¿Cómo podríamos ganarles a los mafiosos del mercado educacional? Será en las calles, de la mano de la clase trabajadora y el movimiento de mujeres cómo podremos terminar con el subsidio a los empresarios de la educación, exigiendo un sistema nacional de educación pública financiado integralmente por el Estado, con la condonación de la deuda educacional. Un sistema que no dependa de los vaivenes del mercado, sino que garantice efectivamente un derecho, financiado con la renacionalización de los recursos naturales y el impuesto a las grandes riquezas como las del grupo Luksic, que sobrepasan los 13 mil millones de dólares.

Acabar con la segregación es una decisión política

La presión económica empobrece tanto los establecimientos como a docentes y trabajadores de la educación. Los criterios del mercado no sólo aplican en el financiamiento y a las condiciones de trabajo y estudio al interior de los planteles. El acceso a las universidades estatales está mediado por la PSU, prueba estandarizada que no solamente es cuestionada por la inequidad en el ingreso a la educación superior, sino que además segrega a estudiantes de liceos pobres, justificándose en criterios pedagógicos neoliberales ligados al desarrollo de habilidades y competencias. Criterios que solamente preparan al estudiante a un consumo pasivo del conocimiento, y un ingreso a la vida laboral profesional exitosa, nuevamente bajo los términos del mercado.

La realidad es que casi el 65% de las y los estudiantes que provienen de liceos públicos no logra superar los 500 puntos,[17] límite en la mayoría de las universidades estatales, y casi 1000 estudiantes que obtuvieron mejores puntajes por NEM y ránking el 2015 no pudieron acceder a ninguna beca, porque no alcanzaron el resultado mínimo exigido por el Mineduc de 500 puntos. La PSU ha generado, por su naturaleza, otro lucrativo negocio: los preuniversitarios, encargados de hacer lo que la escuela no alcanza a cumplir, jugando con las expectativas de familias trabajadoras que ven en la educación de sus hij@s una oportunidad para salir de la pobreza.

Hoy en Chile no puede estudiar toda persona que quiera hacerlo; no depende solamente de la voluntad individual sino que está signado por la clase social a la que se pertenece y al capital cultural que se posee. Incluso, muchas y muchos de los estudiantes de familias pobres que ingresan a la Universidad terminan abandonando los estudios por no poder sostener el proceso materialmente, aún con becas y ayudas estudiantiles. Acabar con la segregación implica terminar con la selección universitaria y en todas las instituciones estatales, expandiendo la matrícula en base a un plan de infraestructura que permita la renovación y ampliación de la cobertura de los centros educativos.

Transformar la sociedad para cambiar la escuela, y transformar la escuela para aportar en la lucha por otra sociedad.

Cuando pensamos en una educación para todos y todas, no podemos pensar que esto gira en un eje meramente económico. La contradicción principal en la crisis educativa (su carácter mercantil) no debe entenderse como la única posible. El carácter marcadamente autoritario de la jerarquía en el sistema educativo también tiene consecuencias directas en la calidad de la educación. Pensar formas nuevas de la orientación del sistema educativo, incorporando metodologías interdisciplinarias e investigación, pasan por tener un espacio educativo donde todxs podamos decidir qué tipo de educación queremos y con qué fines. La educación entendida como un derecho debe ser inclusiva y democrática. Y no estamos hablando del sistema meritocrático y chilenizante que existe en la actualidad -que ignora otras identidades como la mapuche, migrante, etc- y que utiliza el recurso de la inclusión como una lavada de cara a un sistema que es estructuralmente segregador. No podemos desligar a las autoridades de las instituciones educativas de su rol en la administración del mercado educacional. Pese a lo que se sostienen en las declaraciones institucionales, son las autoridades universitarias, elegidas por una minoría privilegiada de académicos, quienes han sido los principales sostenedores de las desigualdades y la violencia, en razón de género, raza y clase. Rectores como Ignacio Sánchez (PUC) y Peña (UDP)[18], han sido críticos de la implementación de la gratuidad, alegando que sus instituciones, al invertir más en investigación e infraestructura, se ven afectadas por las irregularidades de la asignación monetaria del estado a dos universidades que si bien son privadas, reciben aportes públicos considerables.

En el modelo de administración universitario, con la figura del rector como un pequeño monarca, se requiere a pocos para tomar grandes decisiones, poniendo así las preocupaciones de la mayoría de la comunidad universitaria y la sociedad en segundo plano. Y esta, es una decisión política, que se intenta maquillar con excusas burocráticas. La crisis que tiene abierta la educación pública plantea soluciones muy claras para barrer con la vieja forma de entender los espacios educativos, partiendo por otorgar el control de los espacios a las comunidades educativas completas: en el caso de la educación superior, a estudiantes, docentes y trabajadores, y en el caso de la escuela, contemplando también a padres, madres y familias.

Terminar con el mercado educativo es la necesidad básica para construir efectivamente una educación como práctica emancipadora. Si queremos construir una escuela crítica, una escuela al servicio de las y los trabajadores y el pueblo, al servicio de los oprimidos y sus luchas, las autoridades han demostrado no ser nuestros aliados ¿Quiénes sí lo son? Esas personas que el sistema educativo oprime: las y los funcionarios, tanto de planta como a honorarios; lo mismo el estamento docente, que debido a las jerarquías académicas no tienen participación equitativa en las elecciones de rector. Esa unidad, desplegada en claustros e instancias de movilización como asambleas y marchas, puede proponerse conquistar organismos con representación de todos los estamentos, abriendo el camino al cogobierno universitario como mecanismo democrático real para construir la universidad que queremos: con financiamiento integral para una educación pública, gratuita y no sexista, que sea capaz de sepultar la herencia de la dictadura en la educación, como una herramienta más para acabar con este sistema capitalista y patriarcal.

Notas

[1] Movilización que alcanzó altos niveles de aprobación social según encuesta CADEM http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/05/22/movimiento-feminista-tiene-amplio-respaldo-ciudadano-71-de-los-chilenos-lo-apoya-y-un-91-cree-que-hay-que-seguir-avanzando-para-alcanzar-la-igualdad/

[2]https://www.latercera.com/nacional/noticia/felipe-alessandri-queremos-una-buena-educacion-publica-darles-dignidad-los-colegios/226527/

[3]Al respecto revisar: https://www.laizquierdadiario.cl/La-lucha-feminista-en-la-encrucijada-debates-desde-un-feminismo-de-clase-104980?id_rubrique=1201

[4] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/09/20/pinera-firma-proyecto-aula-segura-y-promete-tolerancia-cero-a-violentistas-y-delincuentes.shtml

[5] https://www.latercera.com/nacional/noticia/aula-segura-pinera-firma-proyecto-sancionar-violentistas-disfrazados-estudiantes/324481/

[6]El Estado subsidiario es aquel que está basado en el principio de subsidiariedad. Es decir, que el Estado debe intervenir solo en aquellas actividades que el sector privado o el mercado no pueden realizar. Además, procura descentralizar las funciones y atribuciones estatales para hacerlas más eficientes y cercanas a la gente.
[7] Contraloría (s.f.). FINANCIAMIENTO FISCAL DEL ACCESO GRATUITO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2017. Recuperado de https://www.contraloria.cl/portalweb/documents/451102/13722402/Gratuidad+Ed.+Superior+2017.pdf/ea4a23b7-2234-e86f-11a4-2314abd95c22
[8] Ministerio de Educación, Centro de Estudios, Unidad de Estadísticas (2018). Indicadores de la Educación en Chile, 2010-2016. Santiago, Chile.
[9] Fuente: Comisión Ingresa
[10]  Muñoz, D. (2018, 9 septiembre). La gratuidad rinde su primera prueba ante la Contraloría. LaTercera. Recuperado de https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-gratuidad-rinde-primera-prueba-ante-la-contraloria/313450/
[11] El año 2009 el rubro educativo generó ganancias de alrededor de 5 mil millones de dólares, más del doble que las empresas salmoneras y casi el triple que las farmacéuticas* referencia
[12] Comisión Ingresa
[13] Espínola, Viola, “Los resultados del modelo económico en la enseñanza básica : la demanda tiene la palabra” en García Huidobro, Juan Eduardo,(Ed.),Escuela, calidad e igualdad: los desafíos para educar en democracia, CIDE, 1989.
[14] Este debate lo desarrolla, desde el autonomismo, la fundación Nodo XXI en este informe: http://www.nodoxxi.cl/wp-content/uploads/Informe-Educaci%C3%B3n-Superior-P%C3%BAblica-ACTUALIZACI%C3%93N-2017-1.pdf
[15] https://www.latercera.com/nacional/noticia/u-estatal-riesgo-auditoria-exige-la-umce-plan-anticrisis/255463/

[16] http://www.contratiempo.cl/2018/05/26/claves-para-reimaginar-la-izquierda/

[17]De acuerdo a la última PSU (2017)            http://www.pulso.cl/internacional/psu-64-los-alumnos-colegios-municipales-obtuvieron-menos-500-puntos/

[18] Muñoz, D. (2018, 9 septiembre). Op.cit La gratuidad rinde su primera prueba ante la Contraloría. LaTercera./

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