Zonas de sacrificio. Una respuesta de los trabajadores a los problemas ambientales

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Domingo Lara, biólogo ambiental

La destrucción ambiental en el actual sistema capitalista ha alcanzado una escala nunca antes vista, esto se observa en las alarmantes cifras del calentamiento global, en la deforestación y pérdida de biodiversidad. Según la OMS, 12,6 millones de personas fallecieron por vivir o trabajar en ambientes poco saludables, lo que corresponde a casi una cuarta parte del total mundial de muertes[1], de los cuales 7 millones son por contaminación atmosférica[2], mientras que los casos de conflicto socioambiental superan los 2.100 casos a nivel global[3].

El desarrollo de la técnica en el capitalismo alcanzó una capacidad de transformar la naturaleza sin límites aparentes. Estas fuerzas productivas basadas en la explotación asalariada, encierran una serie de contradicciones que han abierto el paso a fuerzas destructivas, como las guerras por el reparto del mundo y las crisis económicas, como vimos a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Es el mismo origen que encierra la destrucción medioambiental, donde prima la producción en función de las ganancias de un puñado de capitalistas, y no de las necesidades sociales, donde la anarquía de la producción está destruyendo paso a paso el origen de toda riqueza: la naturaleza, poniendo en riesgo el futuro de la humanidad.

Al mismo tiempo, como afirma K. Marx: La burguesía no solo forja su propia destrucción, sino también a su propio sepulturero: el proletariado”. Es desde este enfoque que creemos se vuelve necesario enfrentar los conflictos ambientales actuales, ya que hasta ahora el deterioro del medio ambiente parece no tener freno, y las recetas que ofrecen los propios capitalistas se han mostrado cada vez más estériles.

El caso de Chile, un laboratorio para el neoliberalismo y para la destrucción ambiental

Chile fue uno de los primeros países donde se impuso el neoliberalismo y, por consiguiente, las regulaciones económicas y ambientales – estas últimas ya bastante escasas – fueron disminuidas a su mínima expresión, como se detalla en La herencia de la dictadura en el medioambiente. Si bien, con la llamada transición a la democracia se recreó una institucionalidad ambiental, esta fue fundamentalmente para validar y profundizar el modelo neoliberal.

Chile depende principalmente de la exportación de materias primas, principalmente de la mega minería, cuyas exportaciones representan alrededor del 55% de las exportaciones totales,[4] lo que a su vez requiere una estructura de puertos y de generación de energía eléctrica muy demandante. Es en estos aspectos de la matriz productiva que se generan algunos de los mayores impactos ambientales, así lo demuestra la actual situación de Quinteros y Puchuncavi, pero también Mejillones y la ciudad de Antofagasta.

Quintero – Puchuncaví: un punto crítico para el gobierno

El pasado 22 de agosto se desató un importante conflicto que dio visibilidad a las intoxicaciones masivas ocurridas en Quintero con más de 600 intoxicados, lo que hasta el día de hoy sigue ocurriendo.

La contaminación en Quintero – Puchuncaví se instaló en el debate nacional con las llamadas zonas de sacrificio, definiéndose éstas como “un sector geográfico de alta concentración industrial, en los que se ha priorizado el establecimiento de polos industriales por sobre el bienestar de las personas y el ambiente”[5]. Estas zonas de sacrificio son: Tocopilla, Mejillones, (Región de Antofagasta), Huasco (Región de Atacama), Puchuncaví-Quintero (Región de Valparaíso) y Coronel (Región del Bío Bío).

Todas estas son zonas altamente contaminadas y han generado importantes movilizaciones como en Quinteros-Puchuncavi, las que han sido reprimidas por el gobierno, quienes al mismo tiempo han buscado poner paños fríos asistiendo al conflicto, pero con escasos resultados, acrecentando la indignación ya que no dan respuesta a ninguna de las demandas, aunque se han visto obligados a tomar medidas de emergencia, como declarar alerta amarilla o recientemente alerta sanitaria.

El gobierno salió en un primer momento a responsabilizar centralmente a ENAP generando una crisis con la renuncia del director general, abriendo un debate sobre las segundas intenciones del gobierno de avanzar en la privatización y, de paso, librar de responsabilidad a otras empresas como Oxiquim que está íntimamente ligado al gobierno cuyo presidente del directorio es Fernando Barros, histórico abogado de Sebastián Piñera y la familia Pinochet, quien además ha sido socio durante 17 años del esposo de la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt.

El conflicto se extendió y el gobierno ha pasado a tratar de desconocer la gravedad, mientras que en Quintero los estudiantes se tomaron las escuelas, se ha formado un acampe en la plaza y un cabildo abierto, con un petitorio de cinco puntos, que incluye el cierre temporal del parque industrial hasta que se detecten los responsables de la contaminación, pedir zona franca energética (es decir rebaja de los precios de los combustibles), declarar parque nacional las dunas de Ritoque y el Humedal de Mantagua, entre otras medidas.

Pero estas demandas que se plantean como inmediatas están aún lejos de frenar la contaminación existente, hay consignas que expresan este sentir, exigiendo salidas de fondo al problema, pero ¿cuáles son estas salidas?

Las zonas de sacrificio y Antofagasta, una olla a presión

En la ciudad de Antofagasta, como afirmó hace unos días El Mostrador[6] en su artículo: “La olla a presión de Antofagasta: la cara menos amigable de Luksic en la crisis ambiental”, el problema ambiental estalló en la cara del multimillonario afectando la salud de 362.000[7] habitantes, donde la región es la que concentra el 45% del PIB minero del país y aporta entre el 25% y 30% de las exportaciones totales de Chile, es también el segundo PIB luego de la región metropolitana[8].

Antofagasta concentra al menos 9 conflictos ambientales y dos “zonas de sacrificio”, incluyendo la propia ciudad de Antofagasta, desde donde obtiene gran parte de sus ganancias el principal grupo económico del país: el grupo Luksic, el cual no solamente financió la campaña de Piñera, sino que el actual intendente de la región, Marcos Antonio Díaz,  fue uno de sus gerentes; así como también la ex ministra de Minería de bachelet, Aurora Williams, ex gerenta de Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional (ATI) del grupo Luksic y hoy es la secretaria ejecutiva de la Corporación municipal, esto para no hablar de casos conocidos como el caso Caval.

Visnja Music, Seremi de Medioambiente de Antofagasta, declaró recientemente “No contamos con datos suficientes para asegurar que el puerto contamina”, mientras que la realidad de los estudios científicos de la zona afirman que “El promedio mundial de arsénico en la corteza terrestre es de 4,8 mg por kilo. El del suelo del norte de Chile es cuatro veces superior, sobre 20 mg de arsénico por kg de suelo, pero en el suelo del puerto hay 200 mg por kilo de suelo e incluso más”[9]. El arsénico es un compuesto altamente cancerígeno, esto se corresponde con que entre el  2000 y 2015 aumentaron en 42% en las muertes por cáncer y es la principal causa de muerte, provoca el 29,4% del total de decesos, lo que ubica a esta región como aquella donde el cáncer mata a más personas en Chile, inclusive es superior a las tasas de muerte por cáncer que se registran luego de desastres nucleares importantes, por ejemplo tras el incidente radiactivo de Chernóbil, donde la cantidad de muertes por cáncer es de un 20%.[10]

También destaca la comparación con otras ciudades que son reconocidas por sus altos niveles de contaminación, superando en la gran mayoría de los casos los índices de contaminación por metales.

Tabla 1: Media de concentración de metales pesados en calles de Antofagasta. En rojo se indican los elementos donde Antofagasta, comparativamente, es más alto[11]

 

La relación entre estos niveles de metales y la actividad del galpón de la ATI es evidente, por ser el lugar donde llega el concentrado de cobre, como ha denunciado el Colegio Médico. El año 2015 se realizaron exámenes a niños de los jardines infantiles “Semillita” y “Los Pollitos” detectándose que 107 niños tenían plomo en sus organismos y 45 de esos niños tenían arsénico en la sangre. Ambos jardines estaban en el área donde se tomaron las muestras del estudio[12].

Los protagonistas de los conflictos socioambientales

Los distintos movimientos sociales frente a los problemas ambientales han logrado frenar importantes proyectos de gran impacto ambiental gracias a la movilización, pero estas han quedado limitadas a la judicialización de los conflictos vía tribunales ambientales, o con concesiones parciales, pero sin cambios que apunten al fondo del problema.

Estos movimientos ambientales son más bien heterogéneos y con diversas motivaciones, desde los habitantes directamente afectados por la contaminación, pescadores artesanales, el movimiento mapuche y algunas etnias, hasta amplios sectores de capas medias que se movilizan por una sensibilidad ambiental, pasando también por sectores ligados al turismo que ven sus negocios perjudicados.

Pero en muchos de los casos las principales víctimas de la contaminación son familias trabajadoras y pobres, que no tienen los medios para huir de las zonas más contaminadas, sea por trabajo o por problemas de vivienda.

Dentro de los movimientos sociales ambientales uno de los más importantes y de mayor éxito fue la lucha contra Hidroaysén, y no es casualidad que ocurriese previo al ascenso de las movilizaciones estudiantiles del 2011, lo cual nos da una cierta idea de que las luchas ambientales no se deben separar de los demás conflictos sociales, ya que enfrenta a enemigos comunes: gobierno y empresarios.

Los trabajadores y sus familias han jugado un rol en los conflictos en cuanto a denunciar situaciones de contaminación, como ocurrió por ejemplo con denuncias de la situación de Barrick Gold en el proyecto minero Pascua-Lama. Son también prueba viva del daño a la salud, como se observa en los trabajadores de ENAMI (Empresa Nacional de Minería), llamados los Hombres verdes, de los cuales han muerto más de 250 de los 500 trabajadores luego de años de trabajo en la fundición; también en los múltiples casos de cáncer entre los trabajadores del ferrocarril (FCAB); el daño a los pulmones en la minería o sobre las familias con casos emblemáticos de niños contaminados por metales pesados.

Se hace necesario preguntarse si es posible dar una salida a los problemas ambientales desde las lucha de los trabajadores que se encuentran dentro de los movimientos sociales, pero de forma disuelta como individuos, o desde los sindicatos con su propios métodos, con huelgas o tomas de lugares de trabajo, donde las posibilidades de que esto se desarrolle está directamente relacionado con la amenaza por parte de los empresarios de despidos y cierres, de perder los puestos de trabajo, pero también y especialmente con la política de quienes dirigen los sindicatos y las centrales, que más allá de declaraciones, son muy escasos los puentes que tienden a los demás sectores que se movilizan.

Pero esto es algo que puede empezar a cambiar y está directamente ligado al debate de qué salida estructural darle a los problemas ambientales, y es en Antofagasta donde puede que surgir un ejemplo de cómo los trabajadores y sus familias pueden ser actores principales en los conflictos ambientales.

El Frente Amplio en los conflictos ambientales y el caso de contaminación en la ciudad de Antofagasta

Actualmente, el Frente Amplio es la tercera fuerza electoral con 20 diputados y un senador, dentro de su programa se propone darle una salida a los conflictos ambientales el cual consiste en “Justicia Ambiental” a través de un cambio cultural.

Según el “Programa para muchos”, de Beatriz Sánchez, la salida hacia los problema ambientales se fomentará con la promoción de la educación ambiental y el fortalecimiento de una institucionalidad ambiental: […] Reforzando las instituciones existentes e incorporando nuevos servicios e instrumentos. Además, es necesario empoderar a nuestros territorios dotando a las comunidades de nuevas herramientas de participación y acceso a la información.” [13]

La propuesta a los conflictos socioambientales del Frente Amplio en esta materia radica en la confianza en las instituciones del estado y del poder legislativo, donde las masivas movilizaciones a favor del medioambiente protagonizadas por diferentes actores sociales son para presionar cambios limitados en el ámbito legislativo e institucional.

Así lo demostraron en el movimiento “Este Polvo te Mata”, el cual logró movilizar a miles en la región de Antofagasta contra la contaminación por metales pesados. El movimiento fue capaz de poner en la agenda el problema ambiental, denunciando la situación del galpón de la ATI (Antofagasta Terminal Internacional), propiedad de Luksic.

“Este polvo de mata” pasó de ser un movimiento real de miles de personas a transformarse en una consigna sin nuevas convocatorias, sin movilizar nuevas fuerzas, donde uno de sus principales dirigentes fue Ricardo Diaz (RD), vocero del movimiento. ¿Cuál fue la política del FA en este conflicto? Fue un paso a hacia la judicialización y parlamentarización, renunciando a organizar una fuerza real para enfrentar a Luksic, no solo como un repliegue parcial de fuerzas, si no como un retroceso que ya lleva más de tres años de la última marcha convocada, época en la que se habló de dar un salto en la movilización y, por el contrario, terminó en un repliegue.

Esto fue coherente con tener las puertas abiertas a figuras políticas que aprovecharon para fines muy distintos a los ambientales, como la propia alcaldesa Karen Rojo. Tras esta renuncia está la confianza en el régimen, por ejemplo R Díaz, declaró en una extensa entrevista respecto a la comisión investigadora parlamentaria: “Yo me esperaba mucho más de las parlamentarias de la región”, detallando su visión de estos, expresando simpatía por karla rubilar y otros de la ex Nueva Mayoría.[14]

En la actual coyuntura ambiental, el Frente Amplio, viene impulsando por medio del senador Juan Ignacio Latorre (RD) y  el diputado Diego Ibáñez (MA),  llegar a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de poner en conocimiento los casos de intoxicación y solicitar la intervención al conflicto sanitario. Además, el Frente Amplio busca extender la Ley de Polimetales, la cual abarca actualmente la región de Arica y Parinacota. También son impulsores de un documento, firmado por parlamentarios de la DC, el PPD, el PS, el PC y el PRO, que solicita al mandatario hacer uso de su iniciativa exclusiva para regular la normativa ambiental en Chile y homologarla a los estándares internacionales que hoy recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todas estas son cuestiones mínimas pero insuficientes, ya que hoy las multas que implican estas normas, muchas veces no se cursan por falta de fiscalización o cuando ocurren las empresas prefieren pagar antes que dejar de contaminar, e inclusive cuando pagan, estos fondos en nada resuelven el problema de la contaminación.

¿Es posible entonces que despunte una salida a los conflictos ambientales de la mano de los trabajadores?

Los trabajadores despedidos del ferrocarril (FCAB) que han levantado la lucha por la reincorporación a sus puestos de trabajo, vienen participando también en la denuncia a  la contaminación en la región, haciéndose parte de la última marcha que se realizó en mejillones, enfrentando a quien es responsable de sus despidos y  también de la contaminación. Así mismo impulsaron una coordinación donde hay trabajadores públicos, privados y estudiantes quienes realizaron una manifestación el miércoles 26 contra la contaminación y los despidos, uniendo las luchas. Quien despide y deja familias en la calle es quien también ha contaminado a sus familias, y a todos quienes habitan la ciudad de Antofagasta.

Estas luchas, recuperar los puestos de trabajo y la lucha por frenar la destrucción ambiental, van completamente de la mano. De hecho, si por ejemplo el ferrocarril (FCAB) invirtiera en las medidas mínimas para disminuir la contaminación, estaría obligado a contratar más trabajadores para tomar acciones como las que hace años viene exigiendo el colegio médico, tan mínimas como pavimentar a modo de evitar seguir esparciendo metales pesados en el patio norte del ferrocarril.

Esto no quita que en determinadas circunstancias se requieran cierres parciales o traslados, pero estos costos no tienen por ningún motivo que ser pagados por los propios trabajadores y sus familias, perdiendo sus empleos. Justamente son ellos, ellas y sus familiar quienes pueden lograr detener la producción hasta que los empresarios y el gobierno realicen todas las modificaciones productivas necesarias para deja de poner en riesgo la salud del conjunto de los habitantes.

Los empresarios se niegan a invertir en tecnologías limpias o a cambiar los ritmos de producción. Es que todo eso implica invertir recursos, incluso prefieren amenazar con cierres como recientemente lo hizo Luksic con el puerto, antes de tomar medidas.

Pero los empresarios no invertirán en pos de las condiciones de vida de la población y el medio ambiente, eso va en contradicción con su propio interés que es aumentar a toda costa sus ganancias. Por esto es necesario darle una salida más de fondo a este problema, y luchar por la perspectiva de que estas empresas pasen a ser estatales y bajo el control de las y los trabajadores en coordinación con la comunidad, única forma de garantizar que el Estado financie todos los cambios tecnológicos y productivos que haga falta y que sean los intereses de la comunidad afectada y de los propios trabajadores los que primen en las decisiones. Así como también que se aseguren planes de salud y de descontaminación permanentes en las zonas.

Medidas como estas son solo puntos de partida transitorios para darle una respuesta al flagelo que hoy en día viven las familias de las “zonas de sacrificio” ya que una política que responda al problema más global medioambiental requiere la coordinación de sectores productivos completos y revoluciones tecnológicas, como por ejemplo en la mega minería o el uso de hidrocarburos. Para ello es necesario romper con las lógicas del libre mercado, pero también con las ideas desarrollistas productivistas. Es necesario poner en perspectiva la socialización de los medios de producción y la planificación de estos, es decir requiere terminar con el capitalismo, para lograr que el trabajo de toda la humanidad deje de llenar los bolsillos de unos pocos destruyendo la naturaleza y en su paso al propio ser humano y pase a estar al servicio del conjunto de las necesidades sociales y por ende de terminar con toda esta destrucción.

Notas

[1]http://www.who.int/es/news-room/detail/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-deaths-each-year-are-attributable-to-unhealthy-environments

[2] http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/es/

[3]https://www.ecoportal.net/paises/internacionales/los-conflictos-ambientales-superan-los-2-000-casos-en-todo-el-mundo/

[4] https://www.actividadeseconomicas.org/2017/09/actividades-economicas-de-chile.html

[5]Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

[6]http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/12/la-olla-a-presion-de-antofagasta-la-cara-menos-amigable-de-luksic-en-la-crisis-ambiental/

[7] INE

[8] Banco Central https://www.goreantofagasta.cl/aspectos-economicos/goreantofagasta/2016-09-26/095739.html

[9] La geóloga de la Universidad Austral y presidenta de la Sociedad Geológica de Chile, Joseline Tapia, junto a investigadores de las universidades de Antofagasta y de Chile, además del Núcleo Milenio Invasal y el Colegio Médico, acaban de publicar un estudio sobre el tema en la revista internacional Peerj, con datos de la zona recopilados entre 2014 y 2016.

[10] https://ciperchile.cl/2018/06/18/puerto-de-antofagasta-un-dispositivo-urbano-que-intoxica/

[11] Elaboración a partir de Tapia et al. 2018

[12] PeerJ

[13] (Sánchez, 2017;84)

[14] http://www.timeline.cl/2016/01/ricardo-diaz-esperaba-mucho-mas-de-las-parlamentarias-de-la-region/

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