Por: Galia Aguilera y Gabriel Muñoz. Agrupación de trabajadores de la educación Nuestra Clase.
Ideología de Piñera: la educación es una industria lucrativa
La educación es un derecho. Es una idea conquistada, difundida, expandida e instalada con la movilización estudiantil del 2011 en Chile, que con la demanda de la educación gratuita removió el régimen chileno, dando inicio a un nuevo ciclo en el país, seguido por la crisis política de los partidos de la transición pactada y la corrupción, la crisis de Fuerzas Armadas y Carabineros también por corrupción y la caída en picada de la Iglesia Católica tras los numerosos casos de corrupción y abusos de menores. La educación es un derecho para el 99%, así lo registró en su muestra la encuesta Plaza Pública CADEM, sin embargo en la misma encuesta surge la contradicción de que el 63% de los encuestados apoya la selección por mérito.
Con esta encuesta en mano el gobierno de Piñera pone a la ofensiva su agenda educativa que promete premios y becas, pero tiene un contenido ideológico que apunta a la reproducción de una sociedad de privilegios. Al igual que el proyecto “Aula Segura” que, apoyándose en las encuestas que arrojaron un 76% de aprobación, impone un sentido de control y castigo en la educación, instalando una ideología que limita e impide el avance de todo lo que cuestione la estructura de privilegio. Detrás de la máscara contra la violencia escolar se impone un régimen carcelario para la formación pedagógica, dejando riendas sueltas a la persecución y la amenaza de los sectores organizados, criminalizando la protesta y generando el miedo entre las familias para que los estudiantes no hagan cuestionamientos y se movilicen. Evidentemente esta ley va a ser aplicada con mayor brutalidad y arbitrariedad en los sectores más pobres.
La nueva discusión en el Congreso va en el mismo sentido, el proyecto de “Admisión Justa” bajo la idea del mérito y del premio al esfuerzo para clasificar y seleccionar a los alumnos en los establecimientos fortalece la educación donde “es natural” el privilegio. En la sociedad de la competencia, la reproducción de esta idea parece ser bien aceptada en el termómetro de la popularidad, pero es una idea impuesta desde la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, pensada bajo las directrices de los ideólogos del neoliberalismo como Milton Friedman.
La oposición de la ex Concertación, Nueva Mayoría e incluso el Frente Amplio, que ha emergido como una nueva oposición “a izquierda”, en vez de cuestionar los aspectos autoritarios que se quieren reponer e imponer, le dan una cobertura “democrática”, así lo hicieron con “Aula Democrática” que buscaba perfeccionar el proyecto de “Aula Segura” que finalmente fue aprobado en las dos cámaras. Todos se unieron contra la “violencia escolar” con medidas punitivistas. Lo mismo se ha hecho con el proyecto de “Ley Machuca”, en la que se propone que 30% de los cupos en colegios particulares subvencionados y particulares pagados vaya para familias de escasos recursos. Al igual que la gratuidad en la educación que la pretendieron resolver con becas, soslayando la universalidad, da cuenta que la calidad sólo se adquiere si se tiene dinero, o en su defecto, con el mérito restringido a un porcentaje de becas. Mérito, que por supuesto, no es exigido para los hijos de las familias adineradas.
Dictadura e ideología educacional: pensamiento y obra de Jaime Guzmán
Los proyectos que ha impulsado el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, se enmarcan no sólo como contrareformas de las leyes aprobadas en el gobierno de Michelle Bachelet, sino que pretenden reponer la herencia de la dictadura en la educación, es decir reponer los aspectos modificados tras la movilizaciones estudiantiles en la última década. La educación es un derecho se contrapone con la educación como bien de consumo, o si se quiere con la educación de mercado, donde las variantes de la oferta y la demanda o el poder adquisitivo son ejes centrales en cómo se piensa la educación..
Antes de la dictadura, la educación era entendida como una responsabilidad del Estado, donde la educación privada era minoritaria y exclusiva. Será la dictadura la que de un quiebre con esta concepción y, en sintonía con el proyecto económico de modelo neoliberal que impulsó Milton Friedman, la educación pasó a centrarse en la concepción de “libertad de elegir” la enseñanza, donde las familias son las responsables de garantizar la educación de sus hijos, mientras el Estado será garante que exista el mercado educativo para que las familias puedan “elegir”. Friedman criticaba la intervención del Estado en la educación, y plantea que en la sociedad norteamericana la educación era “una isla de socialismo en el mar de mercado libre”. Así lo que destaca es la mercantilización de los bienes educacionales, a través de su compra en instituciones privadas, y con adquisición de préstamos y créditos en el caso de la educación superior.
El ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, promovió que la familia es el agente responsable de la educación y el Estado asume un rol netamente subsidiario de proyectos educativos (municipales, privados o mixtos), tras esta idea está la máxima liberal que considera que es la empresa (la iniciativa privada) la que consigue resolver las necesidades humanas. En 1981 el 78% de la matrícula se encontraba en escuelas públicas y el 15% era de Particulares Subvencionados, al término de la dictadura la matrícula municipal ya había descendido a un 58%, mientras que la subvencionada aumentaba a un 32%. Hoy el 37% de los establecimientos son municipales, mientras que los privados subvencionados por Estado corresponden al 58%. Por tanto, los partidos del régimen, tanto los partidos de origen Concertacionista como los partidos de derecha, han cultivado la idea que la educación pública es promover el mercado educativo, es decir que el Estado e entregue millonarias cifras a empresarios de la educación, entre ellos la Iglesia. Pareciera que esto es una opción de las familias, pero es una herencia de la dictadura hacer de la educación un negocio lucrativo.
Para lograr este objetivo, una de las primeras medidas fue que el Estado dejará de hacerse cargo de la educación, por tanto, lo primero es traspasar los establecimientos educacionales a corporaciones privadas de las municipalidades, consiguiendo la descentralización de la educación. Con ello no sólo atacaron a los docentes que se vieron perjudicadas con la llamada deuda histórica por el no pago de sus cotizaciones, sino que además instalaron la lógica de que la educación debe estar en manos privadas y el Estado debe subsidiar a los empresarios de “la industria” educativa.
Para disfrazar esta desigualdad y la fuga de recursos del Estado a las arcas de empresarios de la educación, ya sea de establecimientos como de universidades o centros de formación técnica, son a través de las becas y premios sembrando la ilusión de un sistema “justo”, que se obtendría por medio de la selección, donde las pruebas estandarizadas como el SIMCE y PSU son los filtros de clase, para que la gran mayoría de los jóvenes no accedan a la educación o se endeuden junto a sus familias.
Los contra-proyectos de la oposición: una forma de caer en la trampa de la Derecha; Los contra-proyectos de la oposición: otra forma de caer en la trampa de Piñera
Durante el primer año de gobierno de Sebastián Piñera la oposición del Frente amplio (FA) y de la ex Nueva Mayoría (que incluye al PC) han apostado por una estrategia de contra-proyectos parlamentarios. ¿Desde qué ubicación y contenido?.
Aula “democrática”: aceptar represión escolar
En el caso de “Aula Segura”, el contraproyecto terminó siendo ingresado como “indicaciones” al proyecto original, perfeccionando la intención original de la derecha. La ley “Aula Segura” buscaba ampliar las facultades represivas de los directores designados para poder expulsar a estudiantes involucrados en hechos de violencia o que afecten la convivencia escolar en la comunidad de los establecimientos. La ley tiene una ideología que busca separar a los apoderados del movimiento estudiantil. La oposición propuso el contra-proyecto “Aula Democrática” que ampliaba la facultad de expulsión en otros casos, como el de abuso o acoso sexual, y reglamentó los pasos para el proceso asegurando “un debido proceso”. Y todo esto, bajo la potestad de los directores, ya ampliamente criticado por su rol autoritario, en especial contra los profesores que son críticos y se movilizan.
Los directores, de la manos de las corporaciones, han sido responsables de masivos despidos, una realidad que año a año experimentan cientos de profesores con contrato a plazo fijo. Las Corporaciones pueden llegar a tener hasta el 40% de profesores bajo este contrato inestable, como es en la municipalidad de Antofagasta, encabezada por la alcaldesa independiente de derecha, Karen Rojo. Hoy estos despidos y reubicaciones fueron menguados gracias a la movilización de docentes, que, aliados a otros sectores de trabajadores, paralizaron y marcharon por la titularidad docente. Durante diciembre del año pasado y enero de este 2019, el Colegio de Profesores ha señalado la existencia de máss de 500 despidos, entre ellos varios por discriminación o persecusión política, como es el caso de Verónica Zapata, profesora de teatro que realizó junto a sus alumnos una obra sobre el pueblo mapuche, que hizo alusión al asesinato del comunero mapuche, Camilo Catrillanca.
El fortalecimiento de los directores y las medidas punitivas en la formación pedagógica, muestra que la oposición desarrolla una estrategia que de conjunto terminó por co-legislar con la derecha estableciendo el consenso de que las autoridades educacionales deben expulsar y perseguir a estudiantes de izquierda o activistas en marchas o manifestaciones dentro de los Liceos municipales y subvencionados. Esto no es otra cosa que caer en la trampa de la Derecha de hablar de “expulsión” como piso mínimo para abordar cualquier otro cambio.
Ley Machuca y aceptar la selección
Ante la ofensiva de Piñera en educación en enero de 2019 con su ley “Admisión Justa”, que eliminaría partes de la Ley de Inclusión del gobierno de Bachelet, para permitir que establecimientos municipales y subvencionados puedan seleccionar según “mérito”, la oposición nuevamente se juntó, esta vez logrando mayor consenso presentando la “Ley Machuca”. Esta plantea que colegios particulares pagados y subvencionados reserven al menos el 30% de su matrícula a alumnos vulnerables. La ley fue impulsada por Camila Vallejos (PC), Camila Rojas (IA), Mario Venegas (DC), Cristina Girardi (PPD), Gonzalo Winter (MA) y Juan Santana (PS). La pregunta es la siguiente: Ingresarán estudiantes pobres a establecimientos de ricos, pero ¿cambiará la realidad para la inmensa mayoría de estudiantes que se educan en establecimientos precarios y con bajos resultados pedagógicos? ¿Existe un avance en educación si sólo hablamos de cuotas de inclusión? ¿hay niños que no merecen tener una educación de calidad?
Tanto la derecha como la oposición parten de la base de que lo hay que hacer es que sectores populares puedan ser educados como se le educa a la élite, a costa de dejar a la inmensa mayoría en una educación precaria, que condena a millones a un futuro de explotación, frustración, y en muchos casos de delincuencia y marginalidad.
La operación política del gobierno, como describimos más arriba, busca jugar con la ilusión de que algunos pobres puedan transformarse en parte de la élite, la concepción meritocrática de la educación, pero, la realidad es otra. La élite chilena se mueve en unas cuantas familias que desprecian a todo lo que no venga de su cultura y ámbito social.
Tal como ocurrió con Aula Segura, la oposición partió desde la aceptación del principio impuesto por la Derecha. Y de esto se han percatado autoridades universitarias de carreras de pedagogía. La directora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Nacional Andrés Bello, Carmen Gloria Garrido, sostuvo en una columna en La Tercera que tanto la derecha como la oposición en temas de selección tienen denominadores comunes:
“Pareciera entonces que falta pedagogía en la Ley Machuca y en Admisión Justa. En ambas propuestas el foco se pone en la selección, en el mérito y nos sometemos al consumo del dato por el dato y a todo lo que ello conlleva, como la valoración de las cosas por sobre las ideas y las personas. Una especie de homogenización del individuo y los grupos humanos y, a la vez, una ceguera frente a lo que distingue a cada uno y que nos nutre como sociedad”
Correctamente la columnista reconoce que tanto Ley Machuca como Admisión Justa se basan en la selección y el mérito. Con ello afirma que no es más que una integración “colonialista”, que parte de mezclar estudiantes de diversos orígenes anulando a las culturas dominadas (en este caso los estudiantes pobres), tal como hizo la educación liberal con el indígena, integrarlo aplastando su diversidad cultural en un intento por homogeneizar al individuo desde la educación. En la película “Machuca” la experiencia de integración de estudiantes pobres en liceos de élite cristiana resultó en un rotundo fracaso por el rechazo de los apoderados y los poderes que se opusieron al proyecto ENU (la derecha, la Iglesia y los empresarios). No obstante este análisis correcto, la postura de Garrido carece de una comprensión de las bases de la segregación escolar: el modelo neoliberal de educación de mercado instalado en Dictadura y profundizado durante los años de la Concertación. Por tanto, no es que los estudiantes ricos y pobres mantengan identidades opuestas sin fundamento, en realidad de lo que se trata es de luchar por un sistema educacional que elimine las diferenciaciones de clase y con ellos las culturas escolares diferenciadas según clase social u origen étnico.
Nuevamente la oposición “pisa el palo”, cae en la trampa de la agenda del gobierno de discutir desde el piso mínimo de “seleccionar” y “lucrar”. ¿Habrá otra educación posible si se parte de los pilares básicos del sistema educacional neoliberal? Nosotros creemos que no. Esto se comprueba en que todos los contra-proyectos fueron fácilmente integrados a los planes originales de la derecha, en el caso de Aula democrática la DC jugó un papel muy importante con Yasna Provoste como campeona de la conciliación con el oficialismo. En el caso de la Ley Machucalos alegatos de Felipe Kast (Evopoli) de que es una idea original de su partido, muestra una vez más como la izquierda y la oposición se han quedado en la misma vereda defendiendo los principios de selección y lucro.
La cuestión de la estrategia: colaboración parlamentaria u oposición desde la fuerza de las calles
Durante todo el 2018, la apuesta de la oposición (principalmente del PC y el FA) como hemos dicho, se ha basado en la colaboración parlamentaria. Este es la vieja receta de alianzas con partidos que defienden el modelo educacional actual basado en la subvención escolar y en las pruebas estandarizadas. ¿Qué sucedería si la estrategia parlamentaria fuera sobre la base de proyectos alternativos y contrarios a los de la agenda de la derecha? Sin duda ese camino sería más consecuente que el actual, pero, de todos modos estaría destinado al fracaso. El movimiento estudiantil del 2006 y del 2011 nos ha demostrado que la agenda educativa de los estudiantes: la de conquistar una educación gratuita, pública, laica y de calidad, sólo se conseguirá con movilización en las calles y organización en liceos y universidades. Por eso construir agrupaciones estudiantiles y docentes que peleen por un programa de educación pública al servicio de los trabajadores y que muestran que el único camino para derrotar el modelo educativo de la Dictadura y la Concertación es con la más estrecha alianza entre los trabajadores, sectores populares y el movimiento estudiantil.
Un programa que busque transformar la educación, será de la mano de los trabajadores, apoderados y estudiantes
Una de las medidas necesarias para transformar la educación es un sistema nacional unificado de educación pública que integre los distintos niveles educativos, desde la educación parvularia, básica, media y superior, haciendo uso de los miles de millones de pesos que se van por concepto de subvención al mundo privado, de manera tal de asegurar la completa gratuidad y libre acceso de los estudiantes, es decir que sea financiado 100% por el Estado, y gestionado por trabajadores de la educación, docentes, apoderados y estudiantes.
Para reducir la lógica mercantil de la educación, es necesario acabar con las pruebas estandarizadas (PSU/Simce) que sólo segregan para resguardar la educación de mercado. Con esto no habría universidad mejor que otra, pues no se verían en la obligación de competir por financiamiento, permitiendo así el desarrollo de diversidad de conocimientos, haciendo que los planes y programas de estudios creados puedan ser entregados por distintas universidades o instituciones. Como condición de lo anterior es que el sistema nacional debe contemplar las siguientes condiciones:
Financiamiento integral a escuelas, liceos y universidades del estado: permitirá otorgar un financiamiento fijo a toda la educación pública en sus distintos niveles, independiente de la matrícula o la cantidad de estudiantes, evitando así, la segregación escolar que hoy hace que los estudiantes de menores recursos reciban una peor educación en peores condiciones; que se haga entrega del financiamiento necesario para mayores herramientas pedagógicas para los estudiantes, mejorando las condiciones de infraestructura, dotando de más profesionales que colaboren íntegramente en los procesos educativos, así como también para mejorar las condiciones laborales paupérrimas a las que deben enfrentarse las y los docentes.
Para garantizar que no haya selección ni segregación por mérito o por condición socioeconómica, toda institución educativa estatal debe tener acceso irrestricto, es decir, sin condiciones. Buscando así, junto con el financiamiento integral, ampliar los cupos de las universidades e instituciones que así lo requieran; y al no haber competencia se garantizaría el financiamiento integral a todas las entidades, la demanda por una institución o por otra perderá sentido al tener un sistema nacional que ofrezca en todos sus niveles e instituciones, una educación al servicio de las necesidades de sus estudiantes.
El sistema nacional unificado deberá responder a la constante necesidad de desarrollo y conocimiento que tenemos como seres humanos, reconociendo la necesidad de toda persona de acceder en todas las etapas de su vida a la educación si así lo desee. Para que esto se garantice, se debe pensar y ofrecer una educación continua para todos los niveles de la vida: para la niñez, la juventud, la adultez y la vejez, que vaya en directa relación con las necesidades de cada etapa y nivel de desarrollo.
Hoy en día la educación carece de democracia en la toma de decisiones respecto de los recursos, el cuerpo educativo, del plan curricular, entre otros, lo que genera que trabajadores de la educación y estudiantes no se les reconozca sus ideas, se les impida incluso opinar, siendo todo impuesto desde los altos mandos y cargos. Para subsanar esta condición el sistema nacional unificado de educación debe tener consejo escolares resolutivos, que permita a la comunidad decidir -en base a sus necesidades y problemáticas-, el financiamiento, organización, distribución e incluso el curriculum educativo, de manera tal de permitir una educación integral, multidisciplinar, contextualizada y significativa. En la misma dirección de garantizar la democracia efectiva dentro de la escuela, rompiendo con la lógica actual autoritaria que se da con la imposición constante por parte de los directores, municipios o de la dirección de su política y condiciones, coartando la libertad de expresión de estudiantes o profesores, al tener la potestad de echar de los estamentos resguardados por la ley (aula segura/contrato a plazo fijo), es que debe existir la elección democrática y revocable de todas las autoridades, por parte de toda la comunidad educativa: trabajadores de la educación, estudiantes y profesores, resguardando con ello que los intereses de la comunidad no se vean censurados por la autoritarismo.
Esta son algunas de las medidas por las cuales deben luchar los trabajadores de la educación como los estudiantes, pero para que la educación deje de reproducir las desigualdades sociales es necesario una transformación radical de la sociedad, es decir, que mientras exista explotación capitalista, donde unos pocos concentran la mayoría de las riquezas producidas por la fuerza y energía de la gran mayoría de la población, la educación inevitablemente estará en tensión. En este camino, es fundamental la movilización y autoorganización para ser una verdadera oposición al gobierno de derecha y sus políticas neoliberales. Es por eso que la constitución de agrupaciones políticas militantes de este programa y una estrategia revolucionaria que tenga como objetivo acabar con el capitalismo, como lo hacemos desde la agrupación de trabajadores de la educación Nuestra Clase, impulsada por el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR).
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