1988: La fundación de la CUT para el diálogo social y la transición

 

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NATALIA CRUCES

 

Es común escuchar hoy que la CUT está en crisis, que no representa a los trabajadores, que está dividida y cuestionada. Efectivamente, la actual CUT, que se constituyó en 1988 en plena dictadura, atraviesa una crisis que viene desde años y que tiene que ver con su política de subordinación a la Nueva Mayoría (y a la Concertación anteriormente), su burocratismo interno, la falta de una política alternativa y de clase, entre otras cosas. Hace falta poner de pie una nueva central sindical, que permita no solamente unificar al movimiento de trabajadores, sino también plantear un programa y una política que permita recuperar los derechos perdidos por los trabajadores, independiente del gobierno, que se plantee volver a ser un instrumento al servicio de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, para luchar contra laboral anti obrero, por la educación y salud gratuita, por la reducción de la jornada laboral, el reparto de las horas de trabajo, luchando por la renacionalización de los recursos naturales, y contra la precariedad y flexibilización laboral, entre otras cosas.

Pero, ¿porqué esa crisis de la CUT? A pesar de que la dictadura terminó hace 27 años, y que pasaron 44 años desde el golpe, esta claro que siguen vigentes muchas de las políticas que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo económico, político y lo laboral. Esto, porque fue la misma transición y los gobiernos de la postdictadura los que perpetuaron esas políticas.

El golpe militar tuvo como objetivo enfrentar el proceso revolucionario que vivía Chile en los años ‘70, especialmente la radicalización que se dio tras el paro patronal de 1972, cuando surgieron los Cordones Industriales y donde se profundizó el cuestionamiento que sectores obreros y populares comenzaban a realizar a la política de Salvador Allende y la Unidad Popular, de la vía gradual y pacífica al socialismo. Pero la dictadura se encargó de tener una política refundacional del país, con la implementación del neoliberalismo, la destrucción de los derechos sociales, políticos y económicos de la clase trabajadora y los sectores populares.

Durante los años de la dictadura, la Central Única de Trabajadores (CUT) fue ilegalizada, sus bienes fueron requisados y los dirigentes sindicales encarcelados o exiliados. Miles de trabajadores fueron detenidos en recintos como el Estadio Nacional, el centro de detención Chacabuco o lugares clandestinos de detención, algunos de ellos asesinados o ejecutados, entregados muchas veces por los propios empresarios que confeccionaban listas negras o trabajaban con los militares para garantizar la represión[1].

La Junta militar prohibió, hasta el año 1979, la presentación de pliegos de peticiones y conflictos colectivos, limitndo el derecho a huelga y disolviendo las Juntas de Conciliación y de Remuneraciones. Se anunció el fin de la inamovilidad en el trabajo, posibilitando los despidos masivos y se modificaron “los sistemas de previsión y salud según criterios de racionalización, eficiencia y justicia”[2]. También se señaló la necesidad de modificar el Código del Trabajo con el fin de “establecer una “nueva relación entre Capital y Trabajo que conlleva a destruir antagonismos injustificados”[3]. La dictadura rechazó la “política partidista” al interior de los sindicatos y prohibió que los partidos intervinieran “directa o indirectamente… en la generación de directivas de los gremios, sindicatos, colegios profesionales, organismos estudiantiles, juntas de vecinos, centros de madres o de cualquier tipo de organizaciones”[4]. El objetivo era desarticular y desarmar al movimiento sindical y los trabajadores.

 

El Plan Laboral Piñera

La implementación del Plan Laboral del año 1979, elaborado por José Piñera con el apoyo de la dictadura y los empresarios, marcó un hito en la transformación de las relaciones laborales, que culminó un ciclo de fuertes ataques a los derechos laborales, haciendo retroceder gran parte de las conquistas que la clase trabajadora había logrado en casi 60 años de lucha. El objetivo de la dictadura era desarticular al movimiento sindical como fuerza política y social, promoviendo un sindicalismo de corte corporativo o gremial, despolizado y debilitado. El plan laboral permitió además la existencia de múltiples sindicatos en una misma empresa e incluso de grupos negociadores, estableciendo además la voluntad individual de afiliación y del pago de la cuota sindical. Paralelamente se prohibió la existencia de sindicatos en los servicios públicos y empresas estratégicas.

Además, el Plan Laboral restringió la negociación colectiva, anulando en la práctica el derecho a huelga al permitir que se pudiera contratar a reemplazantes. Asimismo, la huelga tenía una limitación de 60 días, entendiendo que tras ese plazo los trabajadores renunciaban al trabajo. Como si fuera poco, se permitía a los empresarios declarar el lock-out “Cada una de las modificaciones impuestas por el régimen militar sobre el mundo laboral apuntan al objetivo de eliminar al movimiento sindical en su condición de agente socio-político nacional; a constreñirlo a un papel negociador débil en el terreno económico-reivindicativo; y a dejar paso libre a las ‘Leyes del Mercado’ en el plano de las Relaciones Laborales”[5]. Para los empresarios existían amplias libertades para despedir, negociar los salarios, horarios y demás condiciones de trabajo. Esto demuestra no solo el contenido de clase que tuvo el golpe de Estado, sino también la convivencia entre dictadura y empresariado.

 

Resistencia y oposición a la dictadura

Desde los inicios de la dictadura, el movimiento sindical intentó reagruparse y resistir a la ofensiva autoritaria y empresarial. Sin embargo, las difíciles condiciones represivas hicieron difícil cualquier expresión de resistencia, sobre todo por la represión y vigilancia ejercida sobre la sociedad.

Aún así, la historia del movimiento sindical enre los años 1973 y 1975, fueron básicamente años de crisis, de desconcierto y de retroceso, concentrados en tratar de salvaguardar la vida y mantener las condiciones de trabajo, luego del revanchismo patronal y de los brutales efectos de las políticas de shock económico, que descargó especialmente sobre los sectores populares.

Desde 1975 comenzaron algunos intentos de reorganización, que se expresó en el surgimiento de nuevos referentes sindicales como la Coordinadora Nacional Sindical. Posteriormente, se crearon el Frente Unitario de Trabajadores, y el Grupo de los 10, este último integrado por sindicalistas de la Democracia Cristiana, partido que apoyó el golpe y que se fue distanciando en el tiempo de la dictadura. En 1977 se realizaron algunas acciones de lucha, como un viandazo, donde los trabajadores dejaban de entrar a los casinos para almorzar, como una forma de mostrar la grave crisis económica que vivían los trabajadores y el pueblo.

Entre los 1978 y 1981 el movimiento sindical intentó reorganizarse y oponerse al plan laboral, aprovechando la coyuntura de legalidad que reabre su implementación, con la realización de elecciones sindicales y la convocatoria a las primeras huelgas legales después de 6 años. Los trabajadores percibieron que el plan laboral significaba un enorme retroceso, garantizando el poder de los empresarios y debilitando al movimiento sindical. Entre los años 1979 y 1981 se realizaron muchas huelgas en el sectores como el cobre, Textil Victoria, SUMAR o Panal. Las movilizaciones se realizaban también para fechas como el 1º de mayo, el 8 de marzo y otras fechas emblemáticas, siendo fuertemente reprimidas.

Las directivas sindicales fueron concientes de que los efectos del modelo económico neoliberal, favorable a los empresarios, se garantizó con la represión, la tortura, la muerte, ya que entendían que sólo en las condiciones de una dictadura era posible imponer estas políticas. Sin embargo, lo que la dictadura logró institucionalizar con el Plan Laboral fue un modelo de sindicalismo fragmentado y debilitado, que se correspondía con las políticas neoliberales. Un modelo para garantizar la ganancia y poder de los empresarios, quitando todos los beneficios a los trabajadores. El contexto de aplicación de este plan laboral fue también el que impuso la nueva constitución de 1980 y las leyes que significaron la privatización de la salud, la educación y las pensiones.

 

1988: La refundación de la CUT

El movimiento sindical cumplió un importante papel de lucha contra la dictadura, buscando impedir la pérdida de conquistas y la implementación del plan laboral. Sin embargo, a pesar de las importantes y muchas movilizaciones que se realizaron, las huelgas que se hicieron para tratar de recuperar los salarios o no perder mas benefocios, el ciclo de luchas y reactivación que llevaron adelante los trabajadores, terminó con la imposición del Plan Laboral anti obrero, lo que significó una derrota para el movimiento sindical.

Sin embargo, la crisis económica que se descargó fuertemente contra los trabajadores, desde 1982, reactivó la resistencia contra la dictadura, desatando las movilizaciones del hambre, las protestas, los caceroleos y otras masivas y extendidas movilizaciones.

En el año 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) convocó a un paro general, que se transformó en la primera protesta nacional, el 11 de mayo de 1983. Las protestas reabrieron un ciclo de movilizaciones contra la dictadura e impulsaron la coordinación del sindicalismo, que fundó el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), ese mismo año.

Las protestas fueron masivas, sobre todo en las poblaciones, ya que era mucho más dificíl poder paralizar las fábricas, debido a la dictadura patronal. La dictadura volvió a reprimir masivamente, con allanamientos a poblaciones, detenciones de miles de personas, asesinatos y otras formas de represión. Los trabajadores, organizados en la CNT como referente principal, llamaban a oponerse a la dictaura, a volver a la democracia, a frenar las políticas económicas, entre otras cosas.

Sin embargo, los partidos y organizaciones que la influenciaban (desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista) y que eran parte de la dirección de esta organización, colaboraron en diluir sus demandas y su peso como clase, en las protestas y en la política de la transición a la democracia, concentrando la lucha en la vuelta a la democracia, pero alejando cualquier posibilidad de dicutir sobre el contenido de esa democracia, o sobre lo que fue la Unidad Popular, menos aún sobre cuestionar al capitalismo. A su vez, los partidos se fueron agrupando en la oposición, para terminar formando la Concertación de Partidos por el No, que posteriormente fue la coalición que ganó las elecciones, que planteó retornar a la democracia, pero dejó intacto el modelo económico y social de la dictadura, el que sostuvo a lo largo de sus distintos gobiernos.

En 1988 se realizó el Congreso Constituyente para levantar una nueva organización sindical, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que se mantuvo ilegal hasta la llegada de la democracia. En palabras del dirigente del Comando de Trabajadores, Víctor Hugo Gac, “no está planteada la cuestión de la lucha de clases en este país. Hoy la alternativa es democracia o dictadura, no lucha de clases”[6]. Ese era uno de los cambios fundamentales. Se habló ahora de diálogo y concertación social, no de confrontación. Se impulsaron mesas tripartitas y acuerdos formales con los empresarios.

Manuel Bustos, uno de los referentes principales del sindicalismo opositor a la dictadura, militante democratacristiano, insistía en la necesidad de la unidad y el pluralismo, pero criticó también “exceso de politización que tomó la CUT hasta 1973 realmente nos hizo daño a todos”[7]. Mientras el socialista Arturo Martínez señaló que la nueva CUT debía expresar las distintas opiniones y corrientes internas, criticando a quienes “plantean posiciones políticas e ideologías que terminan dividiendo”[8], explicando que estaba en juego la autonomía del movimiento sindical ante el control de los partidos. Indicó además que “esta clase trabajadora –que es mucho más amplia que ‘clase obrera’”.

Como Declaración de Principios, se estableció que la Central Unitaria era “una organización sindical unitaria, representativa, pluralista, autónoma, humanista y democrática[9]”, que se proponía la unidad de todos los trabajadores sin distinción de raza, credo o ideología. Se subrayó la plena autonomía de organismos nacionales o extranjeros “por tanto su actuación es independiente del Estado, de los gobiernos, de las instituciones religiosas, de los empresarios y de los movimientos y partidos políticos”, reafirmando el debate sobre la autonomía. Finalmente, se afirmó la necesidad del diálogo social y la no confrontación, depositando expectativas en que la Concertación de partidos daría respuesta a las demandas laborales.

La política de los acuerdos entre la dictadura y la Concertación, se encargó de marginar nuevamente a los trabajadores y de organizar una transición pactada que no cuestionó la política laboral, ni el resto de la herencia de Pinochet. Los gobiernos concertacionistas sostuvieron el modelo económico y social de la dictadura; respecto del mundo del trabajo privilegiaron la continuidad por sobre la ruptura justificado por el discurso de la amenaza a la democracia y la estabilidad económica como también por que las relaciones laborales que impuso la dictadura eran parte de la columna vertebral del modelo. La nueva CUT fue impotente para recuperar los derechos perdidos, enfrascada en la política de diálogo y en la subordinación a la Concertación, lo que se manifestó entre otras cosas en que la primera llamada a un paro naciona se realizó después de 13 años de iniciada la transición.

 

 

 

 

 

 

[1] En el informe Rettig se consignan operativos realizados a fábricas como Sumar, Elecmetal o Polpaico, donde los allanamientos militares terminaban con decenas o centenares de detenidos; en Elecmetal el allanamiento del 17 de septiembre y la detención de varios trabajadores que aparecieron ejecutados pocos días después fue realizada en presencia de los dueños y ejecutivos de la empresa. Ver: Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo I (www.archivochile.com/…Rettig/hhddrettig0012.pdf). Algo similar ocurrió en muchos fundos donde incluso los campesinos u obreros agrícolas eran detenidos en camionetas de los dueños de fundos.

[2] La Tercera de la Hora, “Líneas generales de acción de la Junta de Gobierno”, domingo 10 de marzo de 1974, p. 18

[3] Ídem

[4] La Tercera de la Hora, “Declaran en total receso a los partidos políticos”, martes 22 de enero de 1974, p. 2.

[5] Eugenio Tironi y Javier Martínez, Clase obrera y Modelo económico. Un estudio del peso y la estructura del proletariado en Chile, 1973-1980, Santiago, PET, Academia de Humanismo Cristiano, 1983, p. 230.

[6] Vaccaro, Víctor. “Asistimos a la recuperación del movimientos sindical”. En: Cauce. Nº 159. Del 28 de abril al 4 de mayo de 1988. Pp. 10-12. P. 12.

[7] “La inevitable llegada de la CUT”. En: APSI. Nº 282. Del 25 al 31 de julio de 1988. Pp. Pp. 29-35. P. 30.

[8] Vaccaro, Víctor. “Un eje de centro-izquierda para conducir al movimiento sindical”. En: Cauce. Nº 171. Del 15 al 21 de agosto de 1988. Pp. 10-12. P. 11.

[9] Esta cita y la que siguen corresponde a la Declaración de Principios. Deparamento de Comunicaciones y Difusión de la Central Unitaria de Trabajadores. Santiago de Chile. 1988. Archivo personal de Manuel Ahumada.


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