Por: Paloma Vargas.
La cuestión mapuche es un conflicto histórico que trasciende fronteras, culturas y Estados. Es un conflicto que antecede, las “independencias” de Chile y Argentina con el Imperio Español, marcado de expoliación a las culturas originarias e indígenas de América, de explotación, enfermedades, muertes y saqueo de los recursos naturales. Sin embargo, ante un conflicto que por siglos está abierto, nos preguntamos ¿cuáles salidas son viables para que el pueblo mapuche conquiste el derecho a la autodeterminación?
El reciente asesinato del joven comunero mapuche, Camilo Catrillanca, a manos de la policía de Carabineros instruida en Colombia y en Estados Unidos (Comando Jungla), generó un amplio repudio social por la violencia y criminalización de parte del Estado hacia el pueblo mapuche. El gobierno de Piñera pretende hoy cerrar el caso, reconociendo el asesinato con justicia común y cárcel preventiva a los asesinos para continuar con el “Plan Araucanía”, proyecto que pretende fortalecer los negocios de los empresarios forestales, transnacionales y latifundistas a cambio de represión y criminalización hacia el pueblo mapuche bajo el argumento de “asegurar la paz y estado de Derecho en la región”.[1]
Pero como mencionamos anteriormente, esta política criminalizadora se ha mantenido a lo largo de los años, donde los gobiernos de la ex Concertación han sido también responsables del fortalecimiento del régimen heredado de la dictadura militar a cambio de leyes ambiguas para el pueblo mapuche, con el fin de mantener las ganancias del empresariado forestal. Un ejemplo de ello es la Ley Antiterrorista, modificada cosméticamente el año 1991 y aplicada a partir del 2001 hacia personas mapuche o a las personas vinculadas a las demandas de derecho a tierra[2] durante el gobierno de Ricardo Lagos.
Los derechos indígenas a “medida de lo posible”
Hace 25 años, bajo la presidencia de Patricio Alwyin, se decretó la ley n° 19.253 conocida como la “Ley indígena”[3], la cual daría el reconocimiento de parte del Estado a 8 pueblos indígenas (Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameños, Quechuas, Collas, Kawashkar y Yámanas) y junto con ello la creación de la Corporación Nacional Indígena (Conadi), una medida paliativa a las demandas culturales y un interlocutor estéril frente a las demandas históricas como la devolución de las tierras ancestrales.
En el año 2001 se creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, que daría el sello de la política de los gobiernos de la ex Concertación hacia los derechos indígenas, el desarrollo de la identidad y diversidad cultural. El “Nuevo Trato” fue firmado y discutido desde Felipe Larraín, UDI y actual ministro de Hacienda, hasta Aucán Huilcamán, actual vocero del Consejo de Todas las Tierras y ex candidato independiente a senador por el Frente Amplio en La Araucanía. Este organismo dio reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, prometiendo cupos parlamentarios y CORES, reparación de daños en caso de conflicto ambiental por actividades productivas e impulsar acuerdos de impacto beneficio, también en que las forestales certificaron su producción de acuerdo a las medidas medioambientales, las condiciones de sus trabajadores y la contratación de la mano de obra local, entre otros, ante el no ratificado convenio de 169 de la OIT.[4] ¿Y la devolución de tierras? ¿El cese de la militarización en la zona de La Araucanía? Durante los gobiernos de la ex Concertación la promesa de devolución de tierras se tiñó de una falsa esperanza hacia los pueblos indígenas, promesa que para el pueblo mapuche se tradujo en persecución, engaños y represión.
Para José Bengoa, historiador y antropólogo -quien participó en la conformación de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas-, son alrededor de 200 mil hectáreas de tierras las que tendrían que ser expropiadas a los empresarios y no pagadas por el Estado[5]. Sin embargo, el historiador en numerosas ocasiones ha revindicado la labor de Francisco Huenchumilla (DC), ex intendente de La Araucanía durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien al asumir su cargo pidió “perdón” en nombre del Estado al pueblo mapuche. Huenchumilla fue el ícono de la estrategia claudicante de la ex Nueva Mayoría, expresada cuando anunció su renuncia tras las amenazas de la derecha y camioneros con una marcha de camiones quemados en Santiago durante el año 2015.
Finalmente, en el último año de gobierno de Michelle Bachelet se ideó un montaje conocido como la “Operación Huracán”, caso que involucró a ocho comuneros mapuche – entre ellos el ex dirigente de la CAM, Héctor Llaitul- por ataque terrorista incendiario a grandes fundos y camiones en la región de la Araucanía[6], dejando abierta la política de represión y criminalización hacia el siguiente gobierno de Sebastián Piñera.
Explotados y oprimidos contra el Estado capitalista
Durante el gobierno de Unidad Popular se había incorporado la demanda por la devolución de tierras ancestrales dentro de la Reforma Agraria, en la comisión llamada “Comisión de Tierras Usurpadas”. En enero y febrero de 1970, se restituyeron alrededor de 80.000 tierras usurpadas a manos de grandes empresarios, gracias a un gran ascenso de lucha de clases que se prolongaba en todo el país. En aquellos años se había promulgado la restitución de tierras de acuerdo a los planos originales de los Títulos de Merced y las tierras mapuches, las cuales se declararon inajenables, pero bajo la dictadura militar de Pinochet estos avances retrocedieron dictándose el Decreto de ley n° 2.568 de 1979 con la división compulsiva de comunidades, dando por resultado el desconocimiento de las tierras indígenas y las comunidades propietarias; y abriendo paso a la parcelación de tierras junto con el decreto 701 de la actividad forestal que permitió que las grandes familias se apropiaran de la tierra, como los Matte Larraín con el negocio forestal, maderero y papelero.
Después del Golpe de Estado, el pueblo mapuche cambió su estructura social, las relaciones económicas, de parentesco y de poder, articulándose con algunos sectores de la economía capitalista persistente en desmedro de la agricultura y horticultura que otorgaba la cooperación familiar y las medierías. Este fue el resultado del proceso represivo de la dictadura, el cual se acentuó contra campesinos pobres, en los trabajadores forestales y madereros que pertenecían a esta etnia.[7] Un ejemplo histórico fue la persecución y represión de los agentes de la dictadura a los trabajadores del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, empresa que surgió en 1971 y la cual fue un tiempo administrada y controlada por 3000 trabajadores en co manejo con el Estado, gran parte de los trabajadores eran resultado de la proletarización campesina de la última década del siglo XIX y principios del siglo XX[8] y que vivieron procesos de tomas de empresa y huelgas por las precarias condiciones de trabajo, la falta de dinero y el aislamiento.
Pero la derrota que significó la dictadura militar producto de la represión y diáspora del pueblo mapuche, contradictoriamente es un punto de apoyo para que el pueblo mapuche genere alianzas con la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y el movimiento de mujeres como otras vías para revitalizar la lucha. Según el Censo 2017, un total de 1.745.147 personas a nivel nacional se consideran pertenecientes al grupo étnico mapuche, pero 1.372.901 de estas personas reside en sectores urbanos. Por esto esta lucha también las debemos dar en las ciudades, donde sólo a través de los métodos de lucha de clases podremos derrotar a quienes oprimen al pueblo mapuche y a la clase trabajadora.
Para el Frente Amplio, el derecho al reconocimiento de la autodeterminación del pueblo mapuche pasa por un diálogo entre pueblos oprimidos con el Estado, un diálogo que apuesta inocentemente a un plano de igualdad entre el Estado y el pueblo mapuche. Así se esgrime en la propuesta de un “Parlamento de Resolución de Conflictos”[9] proponiendo al Estado la construcción de diálogo político vinculante sin exigir antes la desmilitarización de La Araucanía y la disolución del Comando Jungla inmediatamente, es más, lo último resulta un punto secundario dentro de las exigencias.
En el “Programa para muchos”, de Beatriz Sánchez, la autodeterminación del pueblo mapuche es sinónimo de la restitución y autonomía de los pueblos originarios sobre el territorio ancestral con un cambio constitucional. Sin embargo, resulta iluso creer que la solución al conflicto pasa por una cuestión cultural o de forma institucional, de forma educativa o regulativa. Esta estrategia es insostenible cuando hay grandes intereses capitalistas en juego y maquinarias policiales en despliegue. Es por esto que urge que las fuerzas de la clase trabajadora se una con las del pueblo mapuche en las calles, con reuniones y asambleas en los lugares de estudio y trabajo exigiendo la disolución inmediata del Comando Jungla y la desmilitarización de La Araucanía; el fin a la Ley Antiterrorista; la liberación de los presos políticos mapuche y la devolución de las tierras ancestrales para conquistar el derecho a la autodeterminación.
Tenemos que levantar una alternativa política para la clase obrera y el pueblo mapuche, un gobierno obrero en ruptura con el capitalismo basado en la más amplia democracia directa, que expropie las hectáreas usurpadas de los Matte y Angellini, única vía capaz de conceder las tierras usurpadas por la violencia al pueblo-nación mapuche. Con esta salida, el pueblo mapuche conquistará el derecho a la autodeterminación, con un Estado obrero que represente a los sectores oprimidos y explotados de la sociedad donde tendrá el derecho incondicional a su auto-determinación si así lo desean.
NOTAS
[1] http://planaraucania.sebastianpinera.cl/
[2] José Aylwin, magíster en Derechos de los Pueblos Indígenas, afirma el uso de la Ley Antiterrorista durante el gobierno de Ricardo Lagos, nueve años más tarde, en el primer gobierno de Piñera, fueron con 9 mapuches condenados y 53 procesados bajo la ley antiterrorista. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140801_chile_ley_antiterrorista_ncpág
[3] http://www.mapuche.info/indgen/ley-1.html
[4] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=182027&idVersion=2003-09-03
[5] «Allí hicimos un estudio sobre las tierras usurpadas, el cual está disponible en internet, donde aparecen claramente las tierras usurpadas de los títulos de merced. Yo calculo que son unas 200 mil hectáreas, esas tierras no tendrían por qué pagarlas el Estado, porque esas tierras debieran ser expropiadas, ya que no había ninguna legalidad para que estuvieran en posesión de particulares», dijo el historiador, quien añadió que «las tierras que fueron bien habidas no deberían tener ningún problema», señaló José Bengoa a Radio Cooperativa el 24 de noviembre del 2014.
[6] https://www.laizquierdadiario.cl/Que-hay-detras-de-la-Operacion-Huracan
[7] http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n3/Art06.pdf
[8] https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002016000300004
[9] “Parlamento de Resolución de Conflictos, para abordar de manera resolutiva temas específicos con las comunidades en conflicto: tierras, aguas y mecanismos de autodeterminación política.”, propuesta del Frente Amplio hacia la desmilitarización de la Araucanía, noviembre 2018.
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