Domingo Lara, biólogo ambiental, y Paloma Vargas, estudiante de antropología social.
En 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos registró 116 conflictos socioambientales, marcando el año con mayor número de conflictos de este tipo en Chile mientras que, a nivel internacional el factor de gobiernos como Trump y el recientemente electo Bolsonaro en Brasil, niegan abiertamente el calentamiento global y ponen con total descaro los intereses empresariales. Aunque Piñera en su discurso de centro derecha ha mostrado “preocupación por el tema medioambiental”, se ha declarado abiertamente aliado de estos gobiernos, donde es el modelo neoliberal de Chile impuesto en dictadura una de las fuentes de inspiración de Bolsonaro.
Estos gobiernos no caen del cielo, se trata de un proceso de profundas crisis abiertas tras la crisis económica del 2008, de la cual los partidos políticos que administraron el neoliberalismo y salieron en su rescate descargando los costos de esta crisis en los trabajadores y el pueblo quedaron golpeados, favoreciendo la entrada en escena de gobiernos no tradicionales de derecha, como también fortalece a fenómenos “neoreformistas”, como es el Frente Amplio.
Y son estos los nuevos actores que se posicionan ante los problemas ambientales.
1- Zonas de sacrificio, conflictos socioambientales y sus lecciones
El escándalo de la crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví junto con el asesinato de Camilo Catrillanca a manos de Carabineros, abrió una profunda crisis en el gobierno y sus instituciones. El mismo Piñera calificó la crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví como un “drama”, tras las más de 1500 personas afectadas con graves casos de intoxicación en la zona relacionadas con las 8 empresas que operan en la zona: Aes Gener, Oxiquim, Codelco Ventanas, GNL y Enap. Además, este conflicto cobró la vida del dirigente medioambiental Alejandro Castro, vocero del Cabildo Abierto de Quintero, quien fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en Valparaíso días después de haber sido amenazado de muerte tras encabezar las movilizaciones contra la contaminación y denuncia de los empresarios del cordón industrial Quintero- Puchuncaví -Ventanas.
Las movilizaciones en Quintero y Puchuncaví se extendieron a nivel nacional con miles de trabajadores, estudiantes y organizaciones políticas y sociales en Antofagasta, Mejillones, Talca, Temuco, Santiago, Valparaíso y otras zonas de sacrificio exigiendo verdad y justicia por el dirigente social junto con una resolución a los problemas de contaminación en la zona. Tras las movilizaciones, el gobierno modificó la administración del monitoreo de calidad del aire desde las propias empresas contaminantes -que no tenían ningún registro certero de esta contaminación-, pasaron a manos del Estado y presentó un nuevo plan de descontaminación con el cual limitará tan solo la descontaminación del aire y al mismo tiempo una respuesta del todo estéril, como crítica correctamente Hernán Ramírez, investigador asociado de Fundación Terram “este Plan de Descontaminación no se hace cargo de reducir los altos niveles de metales pesados como el arsénico, cadmio, mercurio y cobre, los cuales se han acumulado durante décadas en los suelos, residencias y centros educacionales de esta “Zona de Sacrificio”. El proyecto, tampoco regula los “desconocidos” contaminantes responsables de los más de los 1500 casos de intoxicaciones ocurridos entre los meses de agosto y noviembre del año que culmina; tampoco busca evitar los periódicos varamientos de carbón en la playa de Ventanas, ni los derrames de petróleo y otros vertimientos de químicos a la Bahía de Quintero, ni mucho menos asegura que los niveles de arsénico respirable y de compuestos orgánicos persistentes”
En tanto, el Cabildo abierto Quintero Puchuncaví organizó varias acciones contra la contaminación con tomas de colegios, cortes de ruta y marchas comunes con los trabajadores de Enap y pescadores. Sin embargo, el organismo que nació mediante la lucha contra la contaminación y que conformó un petitorio de siete puntos mínimos[1], no apuntó a fortalecer la alianza con los trabajadores contra el gobierno, más bien depositando la confianza en lo que podrían hacer los parlamentarios, en particular del Frente Amplio, lo que le devolvió la iniciativa y tiempos al gobierno culminando en el ya citado plan de descontaminación.
Recordemos que Sebastián Piñera, y la actual ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, presentan un vínculo en común con el actual directorio de Oxiquim – una de las empresas acusadas de ser responsable de la contaminación ambiental en Quintero y Puchuncaví-; se trata de Fernando Barros, el histórico abogado de Sebastián Piñera y de la familia Pinochet, quien además fue socio, durante 17 años, del esposo de Schmidt, Gonzalo Molina. Y es que el perfil empresarial de la actual ministra de medioambiente ha sido un pilar fundamental tanto para el gobierno como para los grandes empresarios, tal fue así que su paso por la gerencia general de la revista Capital del grupo Luksic el 2000 la llevó a liderar la gerencia general del grupo Copesa el pasado 2017, uno de los holding más importantes de la comunicación de los capitalistas en Chile.
Al igual que en Quintero, en Antofagasta han existido movilizaciones contra la contaminación denunciando la complicidad del gobierno y los empresarios. La presencia de arsénico, plomo, cobre, entre otros metales, viene afectando de forma permanente a los habitantes de la ciudad de Antofagasta. En abril del 2018, los datos obtenidos por el Instituto de Salud Pública (2014) y el Colegio Médico de Chile (2016), permitieron concluir que en la ciudad minera existen altos niveles de arsénico, cadmio, cobre, molibdeno, plomo y zinc, y que la contaminación de este material es mayor cerca de las instalaciones del Puerto de Antofagasta, en la ciudad que tiene una de las mayores incidencia de cáncer del mundo.
Los trabajadores despedidos del Ferrocarril junto con el Sindicato interempresa de FCAB (Ferrocarril Antofagasta Bolivia), propiedad del grupo Luksic, han dejado en claro que los trabajadores no son solamente un actor más en la calle, planteando que tienen un rol en la producción y muchas veces son los primeros en ser afectados por la contaminación en el lugar de trabajo, es desde aquí, donde los trabajadores articulados con los demás sectores afectados pueden dar una salida al problema medioambiental, por ejemplo fueron quienes, junto a múltiples sindicatos convocaron a la primera movilización contra la contaminación en la ciudad.
Una gran lección de esta lucha que explicaba Nicolás Bustamante, dirigente del sindicato interempresa de FCAB: “Los trabajadores en alianza con la comunidad afectada pueden dar una salida al problema de la contaminación de las “zonas de sacrificio”, para lo cual es necesario doblarle la mano al gobierno, y luchar para que estas empresas que sistemáticamente son responsables de los casos más críticos de contaminación sean estatizadas y gestionadas bajo control de las y los trabajadores en coordinación con la comunidad afectada”, afirmó el dirigente. Ya que es la única forma de garantizar que por un lado el Estado financie los cambios tecnológicos y productivos acorde a los intereses de los trabajadores y habitantes de la zona, y con las ganancias de estas empresas se podrán financiar los planes de salud y descontaminación efectiva y permanente, es la única forma de frenar la enorme contaminación, sin generar el desempleo con las que nos chantajean ni dejar en manos del gobierno de turno la solución de estos graves problemas.
2- Un gobierno que le despeja el camino a la destrucción ambiental
Este 2018 el gobierno de Chile Vamos realizó una serie de reformas con el fin de aminorar los tiempos de aprobación de los proyectos empresariales, reduciendo así la posibilidad de rechazar proyectos altamente contaminantes. En mayo pasado, Piñera junto al ministro de Economía, José Ramón Valente, firmó el proyecto de la Agenda Proinversión, creando la Oficina de Proyectos Sustentables, que tiene como objetivo reducir los tiempos de tramitación de 203 proyectos que suman unos 65 mil millones de dólares. El proyecto de ley propone ajustes y modificaciones a diversos cuerpos normativos, como por ejemplo, la simplificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), reforzandolo como un sistema de ventanilla única para todos los permisos que tenga que entregar el Estado para la evaluación de un proyecto de inversión.
El pasado 2018 la cantidad de proyectos rechazados disminuyó considerablemente, según lo confirma el Servicio de Evaluación Ambiental[2]. El año 2010 los proyectos rechazados durante la tramitación ambiental sumaron 58, el año 2017 fueron 36 y el 2018 sólo 22 iniciativas se enfrentaron con la negativa de la autoridad, y por el otro lado revelaron que los proyectos aprobados saltaron de 356 a 393 entre 2017 y 2018, anotando un alza de 10%. Con ello, el monto de inversión involucrada creció de US$ 23.850 millones a US$ 25.586 millones[3].
Pero no solo se trata de la aprobación de proyectos, sino también de impactos directos sobre el medio ambiente en distintas áreas, algunos ejemplos:
En el mes de julio, se escaparon alrededor de 650.000 salmones desde un centro de engorda de la empresa Marine Harvest, ubicado en la Región de Los Lagos. La empresa solo logró recuperar el 5,7% de los peces, incumpliendo con la normativa que los regula, y que hasta hoy no hay medidas hacia esta industria.
A fines de noviembre, el gobierno instala la orden de desalojo con Fuerzas Especiales de Carabineros a las familias que vivían en el sector donde se construirá el Embalse La Punilla, en la comuna de San Fabián de Alico, región de Ñuble, reprimiendo bajo una serie de irregularidades de parte de las autoridades regionales y de la empresa constructora.
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Ambiental de Valdivia decidió levantar la medida cautelar de suspensión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en Isla Riesco, autorizando a la Mina Invierno S.A., de los grupos Angelini y Von Appen a realizar una tronadura controlada en la región de Magallanes[4].
Finalmente, en la Ley de Presupuesto de 2019, el financiamiento de las áreas protegidas terrestres, presentó una disminución de un 12,1% en relación al otorgado en el año 2018.
3- La oposición y los límites legislativos
La ex Nueva Mayoría tiene un prontuario ambiental tan extenso como el de los gobiernos de Piñera, por dar un ejemplo, los gobiernos de la ex Concertación y Nueva Mayoría son responsables de las concesiones salmoneras en el sur, de mantener los subsidios forestales, dar inicio a proyectos energéticos con daños irreversibles como el proyecto Octopus y ser defensores de Alto Maipo, impulsar la aprobación de instalación de hidroeléctricas en el sur sin consulta previa a las comunidades indígenas y campesinas, entre otros.
Por su parte, el Frente Amplio (FA) se ha levantado como una tercera fuerza política a nivel nacional, canalizando las esperanzas en quienes cuestionaron a la ex Concertación y Nueva Mayoría. El FA tiene la presidencia de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez (RD), quienes frente a la crisis medioambiental han mantenido una política de exigir mejoras en cuanto a la normativa de las emisiones (la recomendada por la OMS y una mayor fiscalización, entre otras cosas mínimas necesarias), con un camino totalmente limitado a la confianza en el parlamento, como declara la propia Catalina Pérez: “Algunos parlamentarios siguen legislando para proteger a las empresas sobre la salud de las personas.”[5] esto ante la negativa de establecer medidas mínimas de protección para las zonas latentes o saturadas, ¿pero, cómo enfrentamos a un parlamento que lleva toda su historia defendiendo a los empresarios? ¿Qué fuerza le oponemos? y es ahí donde el FA muestra sus límites al no poner todas sus figuras en función de unir las distintas luchas para enfrentar a al parlamento y al gobierno, pero además muestra un límite en cuanto a las propias demandas, ya que hoy los empresarios prefieren pagar las multas para seguir contaminando, con lo cual no se resuelve el fondo del problema.
Es posible, por ejemplo, luchar por renacionalizar los recursos naturales bajo gestión de las y los trabajadores junto con las comunidades para que dejen de estar estos en manos de los empresarios, ¿acaso no es esto más realista que confiar en el parlamento y en los propios empresarios, que se encuentran muy bien asociados entre ellos? Tal como da cuenta Catalina Pérez, pero sin sacar la conclusión necesaria de romper con la confianza en el parlamento.
Es que para terminar con la destrucción ambiental en su conjunto es necesario terminar con el capitalismo y esta perspectiva va más allá de cuestionar un modelo o de perfeccionar una institución del Estado, es poner en el centro los intereses de los millones de trabajadores que pueden dar una respuesta a los padecimientos de esta sociedad, luchando por un gobierno de las y los trabajadores en ruptura con el capitalismo, que pueda planificar racionalmente la producción considerando el cuidado al medioambiente.
4- Perspectivas COP 25, G20 y alianzas con el imperialismo
Este 2019 Chile nuevamente será invitado al G20, foro que agrupa a los principales países contaminantes de las emisiones globales de CO2, a la vez que está propuesto como sede de la Conferencia Mundial por el Cambio Clímático (COP25) para enero del 2020 en la cual Piñera encabezará el liderazgo regional en esta materia según el anuncio de la 24 Conferencia de Naciones Unidas Sobre el cambio Climático, que se llevó a cabo del 2 al 14 de diciembre en Katowice, Polonia.
El gobierno muestra un esfuerzo por aparecer preocupado por la problemática ambiental pero como demostramos a lo largo de este balance, es ponerle maquillaje a un sistema en crisis, aunque hay quienes aún mantienen ciertas expectativas en estas reuniones, la existencia de gobiernos como Trump y Bolsonaro revelan que la imposibilidad de una salida en los marcos de este sistema.
Es que tanto los países imperialistas y como los que se les subordinan no puedan resolver la crisis climática, debido tanto a la oposición abierta de los líderes negacionistas como al lobbismo estéril que impera en las COP, plantea la hora de la verdad para los trabajadores y pueblos oprimidos del mundo, los únicos realmente afectados e interesados por detener la barbarie ecológica a la que los condena el capitalismo.
La crisis política y económica internacional, la emergencia de la ultraderecha en el mundo y la predisposición a franjas de masas de trabajadores, del movimiento de mujeres y de la juventud hacia las ideas de la izquierda plantean la urgencia de la construcción de un partido de trabajadores que luche por la revolución socialista tanto en el terreno nacional como internacional, que puedan enfrentar a los capitalistas y reorganizar la economía mundial en función de las necesidades sociales y sobre la base de un nuevo tipo de relación con la naturaleza.
Te puede interesar: ¡Organicemos una izquierda anticapitalista para frenar el avance de la derecha y la destrucción del medio ambiente!
[1] https://www.eldinamo.cl/ambiente/2018/10/09/petitorio-de-quintero-y-puchuncavi-incluye-cierre-de-las-industrias-y-zona-franca-energetica/
[2] https://www.df.cl/noticias/empresas/industria/sea-los-proyectos-rechazados-bajaron-el-2018-a-su-nivel-minimo-en-cinco/2019-01-03/210447.htm
[3] https://www.terram.cl/2019/01/los-proyectos-rechazados-en-el-sea-bajaron-39-el-ano-pasado-a-su-nivel-minimo-en-cinco-anos/
[4] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/24/otro-reves-para-isla-riesco-tribunal-ambiental-da-luz-verde-a-mina-de-los-von-appen-para-una-tronadura-controlada/
[5] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/10/11/diputada-catalina-perez-algunos-parlamentarios-siguen-legislando-para-proteger-a-las-empresas-por-sobre-la-salud-de-las-personas/
Deja una respuesta